Comprar bibliotecas no basta
Por: GUILLERMO SHERIDAN
ES importante la iniciativa de Conaculta para adquirir y preservar algunas legendarias bibliotecas privadas. Las de José Luis Martínez, Antonio Castro Leal y Jaime García Terres ya pertenecen al Estado y las de Alí Chumacero y Carlos Monsiváis se encuentran en proceso de adquisición.
Las colecciones se guardarán en una "Ciudad de los Libros", como se llamará una zona especial de la Biblioteca de México que dirige el poeta Eduardo Lizalde. El nombre, poco afortunado, fantasea con ciudadanizar una pasión bibliográfica que, desde luego, la ciudadanía está lejos de compartir. En todo caso, lo importante es que el Estado se interese en adquirir esos bienes literarios y los entregue a la "inmensa minoría" del pueblo al que los libros no le merecen una radical indiferencia.
A pesar de que no parece existir todavía una política razonada de adquisiciones, se trata de un paso relevante para salir de la vieja historia de estupidez, voracidad e inconciencia que durante siglos logró que abundantes fondos bibliográficos importantes de México fuesen rematados por kilo, privatizados o enviados al extranjero. Habrá quien recuerde las emigraciones de bibliotecas jesuitas, los saqueos de bibliotecas conventuales durante la guerra de Reforma, y ya en nuestros tiempos, a Vasconcelos narrando (creo que en El Desastre) su infructuosa batalla con Álvaro Obregón para adquirir la biblioteca de Joaquín García Icazbalceta que, finalmente, acabó en la Universidad de Texas. (Obregón prefirió usar el dinero para comprarse un par de aviones de guerra que no tardaron en morir por la patria).
Desde luego, hay bibliotecas y colecciones de enorme valía que se hallan a buen resguardo en la Biblioteca Nacional, en la Academia de la Lengua, en el INAH, en la SHCP, en la SEP o en la nueva, ejemplar biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Y crece cierta conciencia: no hace mucho, por ejemplo, la Fundación Cardoza y Aragón donó los fondos del gran escritor a la Biblioteca Nacional.
Ahora bien, junto a estas adquisiciones, hay otra tarea de superior valía que, por desgracia, las instituciones mexicanas no han valorado como se debe. Me refiero al imperativo de crear colecciones de documentos y papeles personales de creadores e intelectuales. A diferencia de los españoles, con su formidable Residencia de Estudiantes; de los franceses con su Instituto de la Memoria Editorial Contemporánea y, desde luego, de universidades como las de Princeton o Texas, en México no hemos sido capaces de entender el valor de los archivos personales ni de lo que significan para nuestra cultura.
Existen en México, desde luego, algunos fondos documentales bien preservados, pero también existe el riesgo de que los escritores, en vida, o sus herederos, sigan viendo en Estados Unidos o Europa una opción atractiva que, además de garantizar una adecuada preservación y difusión, genere un pago atractivo. Sólo en la Universidad de Princeton, por poner un ejemplo, están los papeles de Ortiz de Montellano, Juan García Ponce, Elena Garro, Margo Glantz y Carlos Fuentes.
La creación de la "Ciudad de los Libros" en la Biblioteca de México tiene un presupuesto de 500 millones de pesos. Con la décima parte de eso, podría comenzar a crearse su necesario complemento: un instituto de la memoria intelectual de México (o algún título para el efecto) que atrajese la atención de los escritores y artistas -o sus herederos- al momento de decidir el destino de sus archivos. Se beneficia al dueño o a su familia en momentos difíciles, se termina con el negocio de legendarios saqueadores y asaltaviudas y, sobre todo, se enriquece nuestra cultura.
Un libro en la biblioteca de un grande posee un valor singular, sí, pero que no deja de ser relativo. Los papeles privados de los escritores y artistas, en cambio, son únicos e irrepetibles. Es hora de no resignarnos más a ser exportadores de archivos, a ser una república bananera que prescinde de una materia prima esencial para su propio entendimiento.
Las colecciones se guardarán en una "Ciudad de los Libros", como se llamará una zona especial de la Biblioteca de México que dirige el poeta Eduardo Lizalde. El nombre, poco afortunado, fantasea con ciudadanizar una pasión bibliográfica que, desde luego, la ciudadanía está lejos de compartir. En todo caso, lo importante es que el Estado se interese en adquirir esos bienes literarios y los entregue a la "inmensa minoría" del pueblo al que los libros no le merecen una radical indiferencia.
A pesar de que no parece existir todavía una política razonada de adquisiciones, se trata de un paso relevante para salir de la vieja historia de estupidez, voracidad e inconciencia que durante siglos logró que abundantes fondos bibliográficos importantes de México fuesen rematados por kilo, privatizados o enviados al extranjero. Habrá quien recuerde las emigraciones de bibliotecas jesuitas, los saqueos de bibliotecas conventuales durante la guerra de Reforma, y ya en nuestros tiempos, a Vasconcelos narrando (creo que en El Desastre) su infructuosa batalla con Álvaro Obregón para adquirir la biblioteca de Joaquín García Icazbalceta que, finalmente, acabó en la Universidad de Texas. (Obregón prefirió usar el dinero para comprarse un par de aviones de guerra que no tardaron en morir por la patria).
Desde luego, hay bibliotecas y colecciones de enorme valía que se hallan a buen resguardo en la Biblioteca Nacional, en la Academia de la Lengua, en el INAH, en la SHCP, en la SEP o en la nueva, ejemplar biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Y crece cierta conciencia: no hace mucho, por ejemplo, la Fundación Cardoza y Aragón donó los fondos del gran escritor a la Biblioteca Nacional.
Ahora bien, junto a estas adquisiciones, hay otra tarea de superior valía que, por desgracia, las instituciones mexicanas no han valorado como se debe. Me refiero al imperativo de crear colecciones de documentos y papeles personales de creadores e intelectuales. A diferencia de los españoles, con su formidable Residencia de Estudiantes; de los franceses con su Instituto de la Memoria Editorial Contemporánea y, desde luego, de universidades como las de Princeton o Texas, en México no hemos sido capaces de entender el valor de los archivos personales ni de lo que significan para nuestra cultura.
Existen en México, desde luego, algunos fondos documentales bien preservados, pero también existe el riesgo de que los escritores, en vida, o sus herederos, sigan viendo en Estados Unidos o Europa una opción atractiva que, además de garantizar una adecuada preservación y difusión, genere un pago atractivo. Sólo en la Universidad de Princeton, por poner un ejemplo, están los papeles de Ortiz de Montellano, Juan García Ponce, Elena Garro, Margo Glantz y Carlos Fuentes.
La creación de la "Ciudad de los Libros" en la Biblioteca de México tiene un presupuesto de 500 millones de pesos. Con la décima parte de eso, podría comenzar a crearse su necesario complemento: un instituto de la memoria intelectual de México (o algún título para el efecto) que atrajese la atención de los escritores y artistas -o sus herederos- al momento de decidir el destino de sus archivos. Se beneficia al dueño o a su familia en momentos difíciles, se termina con el negocio de legendarios saqueadores y asaltaviudas y, sobre todo, se enriquece nuestra cultura.
Un libro en la biblioteca de un grande posee un valor singular, sí, pero que no deja de ser relativo. Los papeles privados de los escritores y artistas, en cambio, son únicos e irrepetibles. Es hora de no resignarnos más a ser exportadores de archivos, a ser una república bananera que prescinde de una materia prima esencial para su propio entendimiento.
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